¿De veras? ¿Un gobierno manifestándose contra una sentencia?

Una manifestación contra una sentencia no es ninguna broma.

Lo de la separación de poderes no acaba de quedar claro para mucha gente. Es comprensible entre personas no metidas en el tema, porque a veces se dan situaciones que chirrían demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta el sistema de elección de los jueces de algunos de los altos tribunales. Es menos comprensible esa falta de respeto a la doctrina de Montesquieu en nuestros líderes políticos, que deberían predicar con el ejemplo pero que clamorosamente se escabullen de esa obligación.

El Gobierno Local de Lugo estuvo ayer, pancarta en mano, en una manifestación que se convocó contra la sentencia del Tribunal Supremo  que, a pesar de la reiteración en la mentira, no contempla ni una sola situación en que a alguien que quiera usar el gallego se le impida. Sí anuló ciertos artículos en sentido contrario, es decir, en que se obligaba al uso del gallego, cosa que nuestra Constitución afortunadamente imposibilita, cerrando la puerta a confundir la promoción de un idioma con la prohibición del otro.

Hubo un tiempo en que el PSOE calificaba de “cínicos” a los populares por manifestarse contra la sentencia del Supremo por el caso de De Juana Chaos, o que consideraba “preocupante” que el PP se manifestara contra decisiones judiciales. Tenían razón, aunque les faltó tiempo para echarse a la calle cuando los tribunales fallaron en contra de sus posturas. Como es evidente, no es una cuestión de incoherencia que ataña únicamente al PSOE ya que los del otro lado han hecho lo mismo en varias ocasiones: criticar sentencias judiciales o manifestarse contra ellas pero rasgarse las vestiduras cuando lo hacen los del otro bando. Es un peligroso juego de desprestigio de una Justicia ya no demasiado bien vista.

Claro que hay que contemplar la posibilidad de que un partido político critique una sentencia judicial, por supuesto. De hecho son ellos los que hacen las leyes y para modificarlas primero han de detectar un problema. Los jueces solo las ejecutan. Pero entre eso y salir a la calle pancarta en mano media un abismo ¿Qué se pretende conseguir con esa manifestación? ¿Presionar a los jueces? ¿Cambiar el sentido de una sentencia que ya es firme? ¿O simplemente dar espectáculo de cara a las próximas generales y municipales, con el contraproducente mensaje de que se apoya la imposición del gallego anulada por el Supremo (de eso va la sentencia, recuerden)?

Un anuncio pagado con nuestro dinero para manifestarse contra una sentencia... No sé yo...

Si además el Ayuntamiento no solo asiste a la manifestación e incita a los demás a hacerlo sino que paga con fondos públicos anuncios para animar a la gente a respaldar el acto (por cierto, con un éxito bastante escaso porque en las fotos no se ve demasiada gente, quizá porque llovía mucho) tal vez entremos en harina de otro costal, porque en mi modesta opinión eso incluso podría ser delictivo, que el dinero de todos no está para esas cosas. Es lo mismo que hicieron en Cataluña aunque a una escala obviamente menor.

Creer en la separación de poderes es cada vez más complicado. El legislativo controla al ejecutivo y nombra al judicial, hay un claro desequilibrio, pero eso es un tema y otro mezclarlo todo. Al menos un alcalde debería tener eso claro.