Sobre la (no tan fácil) adjudicación de la cafetería de la vieja cárcel

La cafetería de la Vieja Cárcel, una buena oportunidad de negocio... ¿o quizá no tanto?

Aunque les contaba el otro día que tenía confianza en que por fin se adjudicase la cafetería de la vieja cárcel hoy, tras leer el pliego de condiciones, ya tengo dudas sobre que se pueda lograr porque hay cláusulas que podríamos entender como abusivas y que el concesionario no sé si podrá o querrá asumir.

Empecemos por lo positivo: Las magníficas vistas y que no se les obliga a hacer ningún tipo de menú ni se meten en la carta e incluso se renuncia a fijar precios máximos por lo que nada impide que cobren cuatro euros por tomar un café en la terraza, algo sorprendente en un gobierno que se dice de izquierdas y que, paradójicamente, abre la mano a crear en este lugar un espacio exclusivo pagado por todos.

Los problemas vienen a la hora de meterse en faena:

1. No hay salida de humos, que ha de ejecutar el empresario por su cuenta. Tampoco hay instalación de gas, que también debe pagar quien asuma la cafetería, con el consiguiente proyecto y responsabilidades. También deberá firmar un contrato de mantenimiento de la climatización del local.
   
   
2. Tampoco tiene maquinaria, que en el caso de la hostelería es particularmente cara. Las neveras, cocinas, fregadero, lavavajillas y demás no están instalados y no sólo los tiene que poner, sino que cuando termine el contrato quedarán en el local en favor del Ayuntamiento, con lo que supone un evidente encarecimiento del contrato. Se especifica, además, que NO se admite que la maquinaria tenga ningún tipo de publicidad, así que olvídense de las neveras de refrescos o los congeladores de helados puestos por las marcas.
   
   
3. Por supuesto ha de poner también toda la vajilla, cristalería, cubertería… y también revertirá al Ayuntamiento ese material.
   
   
4. Para ejecutar todo lo anterior (es decir, para instalar el gas, la salida de humos y comprar y colocar toda la maquinaria y menaje) se concede tan solo el plazo de un mes desde la firma del contrato, lo que salvo que uno sepa con algo de antelación que le van a adjudicar la concesión es un tiempo tirando a escaso. También van a su costa los gastos de agua, saneamiento y luz, lo que es de puro sentido común, pero es un punto en el que hay confusión porque se habló en su día de que algunas de esas cosas correrían a cargo de la administración (eso decían en 2018). De hecho se decía que luz y calefacción serían a cargo del Ayuntamiento y que el concesionario sólo pagaría el agua. Pues no, han encarecido el contrato notablemente.
   
   
5. La documentación incluye un dossier fotográfico muy bonito (parece un anuncio de una inmobiliaria) pero ni una sola imagen que interese a un profesional para conocer dónde instalará su maquinaria: ni la primera foto de la cocina o el interior de la barra.
   
   
6. No especifican los permisos que habrá para poner paraguas, toldos o elementos que protejan del sol, ya que es más que previsible que en verano esa hermosa cristalera se convierta en un horno por muy climatizado que esté. Y ya nos conocemos, que les gusta mucho imponer sus criterios estéticos en las terrazas así que aquí, que el edificio es público, ni les cuento lo que se les puede pedir después.

Si todo lo dicho hasta ahora hace que sea complicado que aparezcan interesados, hay un punto que es todavía peor y que, en mi modesta opinión, es de dudosa legalidad. Se indica que el mobiliario que aporta el Ayuntamiento (mesas y sillas para los clientes) debe ser devuelto “en las mismas condiciones en que fue recibido”, con lo que no se contempla el desgaste por su normal uso y esto obligará, dependiendo de lo bien que les caiga el concesionario, a reponer todo el material, lo que es una pasta porque como lo han pagado con dinero público se han ido a cosas que no son precisamente baratas.

La cuestión de la renta o canon a pagar es otro tema que chirría. En 2018 salió a concurso con un importe de 1.200 euros, que ahora sube a 1.380 euros al mes (están los tiempos para andar subiendo los costes), y la cifra sale de que el precio del metro cuadrado de la calle en primera categoría está fijado en 84.25 euros. Me pregunto de dónde salió entonces la cifra de 2018 y el motivo de la subida de dicho precio.

El problema es que hay una sentencia que ya advirtió al Ayuntamiento de que ese precio no puede ser por el alquiler, sino que es el de la propiedad del suelo según las propias cuentas municipales, y eso es un 1% del precio de la propiedad. La misma sentencia, que anuló la ordenanza por la que se cobraba la tasa de terrazas hace unos años, se podría aplicar a este espacio así que vuelven a caer en el error de confundir el precio de la propiedad con el del alquiler, lo que abre la puerta a más que obvias reclamaciones.

Por si esto fuera poco, no hay ninguna mención a que se exima o siquiera se reduzca el pago del canon al concesionario en caso de cierres por fuerza mayor, algo que hoy día incluyen casi todos los contratos (exoneraciones o reducciones de renta) desde que en marzo de 2020 la pandemia obligó a echar el cierre a casi todos los negocios de este país. Pues ni mención ni intención.

En definitiva, es un contrato que probablemente podría sonar bien pero que, a la vista de la redacción del pliego, tengo mis dudas de que pueda firmar una entidad con ánimo de lucro salvo que, como ha ocurrido en más ocasiones, sea un concesionario “amigo” al que no se obligue a cumplir todas las condiciones y sólo estén ahí para disuadir a la competencia.

Pueden ver toda la documentación aquí